Principales reformas

El Reino de Marruecos emprendió hace ya dos décadas un proceso de reformas articulado en la redefinición del papel económico del Estado, el fortalecimiento del desarrollo socio-económico, la apertura a los intercambios internacionales, y la promoción de inversiones exteriores. 

La progresiva apertura al intercambio comercial y financiero internacionales fue realizada mediante la reestructuración de la política comercial, la integración y la participación activa en los organismos internacionales especializados en la economía y en el comercio internacionales, y la conclusión de Tratados multilaterales y bilaterales de Libre comercio.

Además de la adhesión a la OMC, Maruecos fue uno de los protagonistas de las negociaciones multilaterales sobre la liberalización del comercio internacional por lo que organizó la Conferencia del Marrakech en 1994. Marruecos igualmente fue uno de los primeros países del sur del Mediterráneo a firmar un Acuerdo de Asociación con la Unión Europea que plantea la creación de una zona de libre cambio euro-mediterránea hacia el horizonte del 2012. 

En seguimiento a una iniciativa de Su Majestad El Rey Mohammed VI, Marruecos lanzó un proyecto de una zona árabe de libre comercio. Rabat fue sede de la “declaración de Agadir” concluida el 25 de febrero 2004 por la puesta en marcha de la zona árabe de libre intercambio. Integrada, además de Marruecos, por Jordania, Túnez, y Egipto, la primera iniciativa árabe de liberalización de los intercambios comerciales tuvo respaldo de la Comunidad internacional, en especial de la Union Europea.

Por lo que corresponde a promover los intercambios entre ambos lados del Atlántico, Marruecos y Estados Unidos concluyeron, el 2 de Marzo del 2004, un Tratado de Libre Comercio. Este Tratado se considera como el primer TLC conseguido por Washington con un país africano y el segundo con un país árabe después de Jordania.

Para llevar a cabo las reformas estructurales que necesitan la modernización de la economía y la liberalización del comercio internacional, los actores políticos, económicos y sociales pactaron un acuerdo consensual sobre las medidas fundamentales en materia de promoción de inversiones extranjeras, de actualización del marco jurídico e institucional, y de apoyo a las empresas exportadoras o creadoras de empleo. El pacto nacional se tradujo por la promulgación de un conjunto de leyes destinadas a garantizar la transparencia de las actividades económicas, financieras, y comerciales. Un esfuerzo sustentable fue desplegado para modernizar el marco jurídico e institucional que rige los intercambios comerciales y las inversiones extranjeras.

Con el fin de liberalizar las actividades del comercio exterior, Marruecos adoptó: en febrero 1992, la ley 58/90 sobre las zonas financieras Off Shore; en noviembre 1992, la ley 13/89 sobre el comercio exterior; y en enero 1995 la ley 19/94 que se refiere a la gestión y creación de zonas francas. La Oficina de Cambios promulgó en 1993 dos textos destinados a liberar las operaciones de financiamiento exterior y a asegurar la convertibilidad de las operaciones corrientes.

Además de la eliminación de los contingentes especiales de importación y de licencias de importación, y de la reducción de las tarifas arancelarias, la aduana marroquí suscribió a un nuevo código que establece, entre otras, la facilitación de los procedimientos administrativos, la modernización de los servicios, y la aplicación del Sistema Harmonizado (SH). 

La carta de inversiones promulgada en noviembre 1995 y la instalación de una Comisión de Inversiones presidida por el Primer Ministro ofrecieron el marco jurídico e institucional apropiados para la promoción de las IDE.

La desregulación de las actividades implica la redefinición del papel económico del Estado. Por ello, el gobierno marroquí puso en marcha un programa de privatización con el objetivo de promover el desarrollo del sector privado. Como resultado de esta política, los operadores privados incrementaron su participación en el total del PIB. La contribución del sector privado ha pasado del 64% en 1983 al 73% en 1997 en el total del PIB, y su participación total en volumen de exportaciones en 1985 y 1995 de un 60% a un 75% respectivamente. 

Con la ley sobre las privatizaciones, promulgada en 1990, las autoridades marroquíes promovieron la desregulación de las actividades económicas. El programa de privatizaciones embarca establecimientos hoteleros, industriales, agroalimentarios y de distribución de productos petroleros, entre otros. Las operaciones de privatizaciones han logrado gran éxito y permitió atraer a Marruecos importantes inversiones extranjeras. 

Unos 63 unidades, lo que corresponde a 36 sociedades y 26 hoteles, han sido cedidas parcialmente o totalmente al sector privado. A finales del 2003 la privatización generó al tesoro público una recaudación de 40 mil millones de DH y un volumen de inversión alrededor de 7.9 mil millones de dólares. 

Respecto a las unidades vendidas, 18 sociedades y 5 hoteles fueron adquiridos por operadores extranjeros lo que corresponde a 77.9% del total de la recaudación de las operaciones de privatización. Entre los operadores que han suscrito al programa de privatización emprendido por el gobierno marroquí: Vivendi Universal, Shell Petroleum Internacional, Renault, Altadis, Lafarge, Holcim, Total-Outre Mer, Corral Petroleum, FRAM, Morgan Stanly, Morgan Grenfell, Samba Finance…. 

Los ejemplos más destacados corresponden al sector de telecomunicaciones, la industria de transformación, la industria de automóvil, y la hostelería… 

En el sector de la industria de transformación el grupo franco-español “Altadis” adquirió 80% del capital de la Compañía Arrendataria de Tabacos por un valor 1.3 mil millones de Euros lo que corresponde 2 veces al montón proyectado por los organizadores de la operación de privatización.

La industria de automóvil registró la cesión de 38 % del capital de la “Somaca” suscrito por el grupo francés “Renault” por 95 millones de DH. 

La cesión de empresas y oficinas públicas otorgó una nueva dinámica a la bolsa de valores marroquí dando que 9% de la recaudación se han realizado por la plaza financiera de Casablanca. La capitalización bolsera pasó de 5 mil millones de DH en 1989 a más de 104.7 mil millones de DH en 2001.

En 2004, el gobierno marroquí operaría la cesión de la totalidad o una parte del capital de los grupos siguientes: El Banco Central Popular (primero Banco Marroquí), la Royal Air Maroc (compañía de aviación), el Crédito Inmobiliario y Hotelero (banco especializado en particular en las viviendas), la Oficina Nacional para la Electricidad, la Oficina Nacional para el Agua Potable, la Comanav (empresa de transporte marítimo), y numerosas empresas especializadas en la industria de transformación. 

La desregulación permitió al Estado concentrase en su papel principal a sabiendas el restablecimiento de los equilibrios fundamentales, dar mayor prioridad a la gestión de la deuda externa y la puesta en marcha de reformas fiscales, monetarias y financieras, entre otras.

Los principales instrumentos de este nuevo rol consiste en gestionar la deuda externa, equilibrar el presupuesto público y la balanza de pago, ajustar los precios de los servicios públicos (Electricidad, Aguas potables,…).

Por ello, el gobierno marroquí pone, progresivamente, en marcha una serie de reformas estructurales con el objetivo de mejorar el marco jurídico e institucional de las actividades económicas, financieras y monetarias.

Las reformas fiscales permitieron la harmonización y la simplificación del sistema de percepción de impuestos puesto que se funda sobre tres ramificaciones: Impuesto sobre el valor agregado (TVA de 19%), Impuesto sobre sociedades (tasa única de 36%) e Impuesto sobre beneficios. 

Las reformas monetarias y financieras tienen por objetivo canalizar el ahorro hacia las empresas, ampliar la figura del accionista, y atraer las inversiones extranjeras. Por eso el gobierno promulgó la ley bancaria (6 de Julio de 1993) que organiza la actividad de las instituciones bancarias de crédito y los dahírs referentes a la Bolsa de Valores (el 21 de Septiembre de 1993 y el 9 de Enero de 1997).

Para promover las exportaciones en un ambiente de libre comercio, el gobierno marroquí puso en marcha un conjunto de medidas destinadas a respaldar los exportadores marroquíes. Además de las exenciones fiscales, las autoridades posibilitan el acceso a bienes intermediarios en franquicia aduanera para la industria de exportación. En el marco de esta perspectiva, se pusieron en marcha importantes programas con miras a reforzar la capacidad competitiva de las PYMES, así como para dotar a las mismas de estructuras más modernas. Además del aspecto organizacional, se trata de intervenir a nivel de equipamiento y de sistemas de producción, de tal forma que la empresa marroquí sea más competitiva, al abrirse las fronteras.

Por ello, el gobierno marroquí adoptó un nuevo marco jurídico para especificar el aspecto organizacional de las empresas, entre otras, la ley 7/95 sobre la sociedad anónima y la ley 5/96 sobre las sociedad en nombre colectivo, la sociedad a responsabilidad limitada, y la sociedad en participantes.

El sector de la Justicia se puso al día para aportar su contribución en el nuevo ámbito marcado por la liberalización de los sectores económicos, la apertura de los intercambios comerciales y la promoción de las inversiones extranjeras. La reforma de la justicia se tradujo por la simplificación de los recursos a los tribunales, la reducción de los procedimientos, tanto a nivel de tribunales, como al de las instituciones de arbitraje. Por tal motivo se crearon tribunales comerciales regidos por la ley 53/93. La ley que rige estos tribunales se promulgó desde febrero de 1997.